Leyendo sobre... gasto público

Soy un lector habitual de El Confidencial, aun sin compartir muchas de las cosas que se dicen allí y en concreto de la columna de Sherman McCoy. El artículo de ayer saca un tema muy interesante y es lo que hacen con nuestros dineros nuestros empleados, o sea políticos y funcionarios (link). Recomiendo leerlo entero, así como la serie de comentarios de todo tipo y pelaje que hay en la web original:

"Les voy a decir un secreto, entre ustedes y yo, ahora que no nos lee nadie. Parece que los denodados esfuerzos de los distintos gobiernos, de uno u otro signo, por aborregar a la opinión pública española están dando sus frutos. Pero no se imaginan hasta qué punto. La ausencia de conciencia crítica es tal que ya nos pueden decir que el burro Platero fue el verdadero autor de la muerte de Manolete, que si otro lo afirma será porque es verdad. Todo lo más algún ilustrado dirá “pero, ese Manolete, ¿no era torero? Pena morir así”. Y poco más. Tragamos titulares como si fueran las empanadillas de Móstoles de Martes y 13 y delegamos nuestra capacidad de juicio en las opiniones vertidas por muchos tutto logos, -como han bautizado en Italia a quienes no sabiendo de nada, opinan de todo-, que pueblan los medios de comunicación. Así nos va. De hecho, es sólo desde ese desinterés intelectual desde el que se puede entender la complacencia, e incluso el aplauso, con el que una gran parte de nuestra sociedad ha abrazado las medidas de reducción de cargos públicos anunciadas por dos comunidades autónomas en los últimos meses: una gobernada por el PP, el Madrid de Esperanza Aguirre, y la otra en manos del PSOE, la Castilla La Mancha de José María Barreda. Desde luego, nuestro país necesita alguien que lo despierte de una vez por todas. Pero a la de ya.
No me malinterpreten. No será McCoy quien deje de alabar cualquier medida de contención del gasto superfluo de la administración, sea esta central, autonómica o local, especialmente en un momento como el actual. Reconozco la mayor: se trata, probablemente, de una necesidad presupuestaria derivada de la merma de los ingresos y el mantenimiento de una parte importante de su gasto público que es cautivo e ineludible, cosas del estado de bienestar. Incluso pienso que podría llegar a cumplir con una presunta intención ejemplarizante para el conjunto de la sociedad objeto de su gobierno. Hasta ahí lo correcto. Pero centrarse en las consecuencias, y obviar las causas que han conducido a una decisión como ésta, es de una cortedad de miras que asusta. Efectivamente, el cogollito de lo censurable en la actuación de ambas instituciones es que el análisis que ha conducido a ese presunto ajuste ha sido realizado ex post y no ex ante. Exactamente cuando han visto las orejas al lobo. Oiga mire, en el contrato que yo firmo con usted, clase política, para la gestión de los, por definición al estar vinculados a la recaudación impositiva, escasos recursos públicos, lo menos que le puedo pedir es lo que usted me vende ahora como si se hubiera caído por la mañana del guindo, esto es: austeridad y eficacia o, lo que es lo mismo, eficiencia. Es el presupuesto de partida de su trabajo, no la panacea propagandística que ahora le va a permitir, de un modo simbólico bien es cierto, dados los importes globales que los recortes suponen sobre el total de su presupuesto, aliviar su carga financiera. Decir como dice Barreda que se trata de una medida que “facilita extraordinariamente la coordinación del gobierno”, da miedo. Antes, ¿no estaban coordinados? Prefiero no pensarlo.
Por si alguno tiene dudas de qué es a lo que servidor se refiere, les recomiendo que se den un garbeo por la página 13 del documento que les adjunto y que fue colgado en la web del Ministerio de Administraciones Públicas a mediados de agosto. En él se analiza cuál ha sido la evolución de la población dedicada a la función pública en los últimos diez años, de 1999 a 2007, ambos inclusive. Pues bien, los datos son muy reveladores. Pese a que el ritmo de transferencias a los entes regionales se ha reducido notablemente en los ejercicios más próximos al actual, el número de funcionarios de las comunidades autónomas no ha hecho sino crecer, tal y como reflejan así mismo los datos de la EPA analizados en su día por Carlos Sánchez. Un fenómeno que choca con la definición del tiempo en que vivimos como el de la sociedad de la información con sus consecuentes posibilidades de tramitación electrónica de gran parte de la carga administrativa. Parece que de lo que se trataba hasta ahora era de “informar personalmente”. Y si para ello había que hinchar la nómina de altos cargos en el 25% que ahora se suprime de un plumazo, pues bienvenido sea. Claro, así se entiende todo. El desglose por CC.AA., para su análisis y debate, lo tienen en la página siguiente, la 14. Por cierto, fuerte y lógica contracción en esta década de los empleados en la Administración Central y repunte, en menor medida eso sí, de la Administración Local.
Acabando, que es gerundio. Discuto que el recorte de altos cargos de las Comunidades Autónomas se trate de una buena medida porque entiendo que nunca se debería haber llegado a una situación tal en la que fuera necesaria. Algunos de ustedes podrán argumentar que mejor eso que nada. Cierto. Pero contemplémosla entonces con un poco de espíritu crítico. No hagamos de palmeros de quienes, habiéndose aprovechado de unos tiempos de bonanza que todos sabían tenían fecha de caducidad para generar clientelismo político por la vía de los cargos públicos, ahora nos venden la burra de que son el ejemplo a imitar. Pues no. Todos sabemos los vicios que lleva aparejada una administración sobredimensionada. Me temo que ahora que llegan las vacas flacas, el ajuste de personal va a venir acompañado de mucho personal deseando ajustar cuentas. Es lo que tienen las crisis: que sacan lo mejor de cada casa. Nos vamos a divertir."

La música la pone Norman Greenbaum con "spirit in the sky"